Sebastián González, el presidente de la financiera Soramus S.A fue imputado por haber estafado a los clientes de su empresa y en consecuencia haber causado un perjuicio económico de aproximadamente $187.000 millones. Estará dos meses bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.

En una audiencia realizada el miércoles se conoció cómo operaba la financiera que se llevó por delante los ahorros de decenas de personas que confiaron en González y su empresa al depositar sus ahorros debido a la confianza que tenían tanto con la firma como con el empresario.

La causa se inició formalmente en diciembre, luego de que un hombre realizara una denuncia policial. Con el tiempo se fueron sumando nuevas denuncias que recayeron en la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Ciberdelitos I.

En mayo, el fiscal Mariano Fernández - en ese entonces a cargo de la UFI- coordinó un allanamiento en dos sucursales donde operaba la financiera, ubicadas en La Madrid al 400 y al 600. En esa oportunidad, no encontraron a Gonzalez pero sí secuestraron una gran cantidad de carpetas con documentación y pendrives, claves para la investigación. El sospechoso se puso a disposición de la Justicia dos días después, pero no fue detenido.

Durante los meses siguientes, continuó dirigiendo el proceso la fiscala María del Carmen Reuter, debido a cambios internos dentro del MPF. Tras recibir nuevas denuncias e información que complicaba más a González, el martes 22 de octubre la titular de la Fiscalía ordenó un nuevo allanamiento y la policía detuvo al hombre en una vivienda del barrio privado Los Tipales.

Finalmente el miércoles lo imputaron por ser considerado autor del delito de estafa reiterada en nueve oportunidades. Durante la formalización de los cargos, la auxiliar de fiscal Paula Bellomío aclaró que si bien en esta oportunidad se le estaban imputando nueve hechos a González es muy probable que con el avance de la pesquisa se sumen nuevos casos. “No estamos ni en el 20% de la totalidad de víctimas que denunciaron a González. Estamos hablando de una estafa multitudinaria en la que no sabemos en la actualidad cuántas son las víctimas. Se dice que son 347 las personas que invirtieron, la Fiscalía continúa recibiendo denuncias”, informó.

Abuso de confianza

Según la acusación del MPF, González mientras desarrollaba una actividad comercial en la financiera Soramus S.A, celebraba contratos onerosos percibiendo capitales de los clientes, dentro de los cuales pactaba el reintegro de dicha inversión junto con sus respectivos intereses. “En ese contexto, González aparentando ser solvente frente a la multiplicidad de clientes que habían depositado en él la confianza para invertir sus ahorros y capitales y a sabiendas de que la empresa ya se encontraba en una situación económica crítica comenzó a no hacer frente a lo pactado, fingiendo frente a los terceros que iba a dar cumplimiento a sus obligaciones”, sostuvo Bellomío.

Las víctimas de la presunta estafa dudaron entre esperar y denunciar

Según la acusación del MPF, González mientras desarrollaba una actividad comercial en la financiera Soramus S.A, celebraba contratos onerosos percibiendo capitales de los clientes, dentro de los cuales pactaba el reintegro de dicha inversión junto con sus respectivos intereses. “En ese contexto, González aparentando ser solvente frente a la multiplicidad de clientes que habían depositado en él la confianza para invertir sus ahorros y capitales y a sabiendas de que la empresa ya se encontraba en una situación económica crítica comenzó a no hacer frente a lo pactado, fingiendo frente a los terceros que iba a dar cumplimiento a sus obligaciones”, sostuvo Bellomío.

La representante del MPF explicó que González, ya sabiendo de la situación en la que se encontraba la empresa, continuó extendiendo los contratos de las personas que se acercaban a retirar el dinero invertido por seis meses más, bajo la excusa de que había una corrida en consecuencia del cambio de gobierno nacional.

Todo estalló cuando los clientes quisieron ir a cobrar sus respectivos cheques luego de que pasaran los seis meses, pero no pudieron hacerlo ya que el banco les informó que las cuentas habían sido cerradas.

Entre las víctimas hay familiares y empleados de González que al confiar en él debido al vínculo que tenían y los años que llevaban invirtiendo con la financiera, aguardaron con la esperanza de que se solucionara la situación. Incluso algunos damnificados le prestaron dinero para que pudiera hacer frente al problema. Cuando notaron que había más irregularidades y que empezó a evadirlos decidieron denunciarlo. “Desde septiembre de 2023 comenzó a producirse un rechazo masivo de cheques sin fondos por sumas multimillonarias. Un informe requerido por el MPF data de que en mayo de 2024 la suma asciende a $187.000.029.047”, dijo Bellomío.

Declaración

Luego de escuchar la acusación y las evidencias en su contra, González hizo una extensa declaración. “Es cierto que estaba con dificultades, pero no es cierto que haya querido estafar a la gente. Soramus S.A es una empresa dentro de un país que primero vivió una pandemia que debilitó las reservas y que luego entró en una hiperinflación que terminó con un 300% en diciembre. Vengo a pedir que se me trate como un empresario que entró en cesación de pagos por la situación económica del país post pandemia. Soy un empresario de bien que se fundió. Entiendo el daño patrimonial que le generé a los inversores, no lo hice de gusto. No pude soportar la crisis en la que estaba Argentina”, sostuvo.

El abogado defensor de González, Alejandro Turbay, acompañó lo manifestado por el imputado y dijo que a su criterio la investigación tuvo una orientación parcial.

Bellomío, antes de finalizar la audiencia, informó que el legajo está considerado como una causa compleja debido a la cantidad de denunciantes y de medidas investigativas que deberán realizar los peritos contables y los empleados de la UFI. Acto seguido solicitó que González fuera sometido a tres meses de prisión preventiva. Los querellantes José María Molina, Patricio Fresia y Daiana Viluron respaldaron el pedido del MPF.

Pese a la oposición de Turbay, el juez Guillermo Di Lella resolvió hacer lugar a la preventiva pero por el plazo de dos meses.